Es muy común en nuestra democracia que cada vez que hay un cambio de Gobierno de España se aprovecha para establecer un cambio normativo en uno de los temas sensibles de cara al futuro de nuestra sociedad: la educación de nuestros hijos.
Así ha sucedido en multitud de ocasiones siendo un escenario de campo de batalla de los principales partidos políticos de nuestro país. La educación ha sido siempre un arma arrojadiza para la oposición contra el gobierno de turno pero, también, ha sido aprovechado el momento de gestión para hacer cambios más ideológicos que necesarios para cada momento.
Así desgraciadamente nos va con la educación de nuestros hijos. No se usted lector pero yo veo el nivel de los míos y ni de coña se asemeja al que podíamos tener en nuestra infancia. Eso de que tenemos a la juventud mejor preparada es totalmente falso. Podemos tener la juventud con mayor número de títulos, eso sí, pero detrás de ello no hay ninguna efectividad práctica para el futuro.
Buena culpa de ello lo tienen las reformas educativas que nos han llevado a una educación a peor en cuanto a contenidos educativos y en cuanto a la necesidad de esfuerzo de nuestros hijos dentro del ámbito educativo.
Culpa tanto de unos como de otros. Así nos va en este país.
España necesita un Pacto de Estado por la Educación. Un necesario consenso que haga que un tema tan esencial para nuestro futuro como país no sea motivo de confrontación política.
Para ello, debemos definir previamente en ese Pacto qué queremos como país en cuanto a la Educación.
Miren uno de los fallos que veo de la Ley Celaá es que realmente no hay una defensa de la educación pública, sino que se constituye esta norma como un ataque a la concertada. Así no se puede construir país. La educación concertada es totalmente necesaria, esencial para la educación sostenida con fondos públicos de España. Por eso, se debe apostar en mayúsculas por esa educación gratuita, impartida desde centros públicos o privados de manera concertada, da igual. Lo esencial y lo que quieren las familias es que se garantice el derecho a la libertad de educación de sus hijos tal y como pregona nuestra Constitución.
Otro grave error es que el castellano deje de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Así se indica que las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente. Estos dispendios del estado a los partidos independentistas me parecen un auténtico disparate. La educación de mis hijos no debe ser moneda de cambio político para asegurar determinadas mayorías parlamentarias. Por eso es necesario un Gobierno que piense en políticas de estado a medio y largo plazo y no lo que tenemos en la actualidad que es fruto de un auténtico oportunismo político.
Y si ya nos vamos a lo que va a suceder con la Educación especial me parece tremendamente preocupante para las familias. En diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Esto es una barbaridad porque el trabajo que hacen los centros de Educación especial es esencial. No puede prestarse por un simple profesor al que puede sobrepasarle estas funciones. No hay casos fáciles y, por tanto, se requiere de una red especializada de centros que atienda a estos niños. Aquí, una vez más, el Gobierno se ha podemizado con una igualdad erróneamente entendida por quien no conoce la realidad de la calle, por quien solo hace política desde la ideología de un aula o un laboratorio de un partido político sin haber trabajado antes en la calle.
Estos son sólo algunos ejemplos de lo que aparece en la Ley. Hay muchas más medidas que me parecen un auténtico disparate pero he querido hacerles ver las más significativas o sangrantes de una Ley de nuevo oportunista e ideológica para la Educación de nuestros hijos.
Rectifiquen por favor. Con la Ley Wert ya pasó.
