Los 1.000 kilómetros de costa incorporan a 3.000 vigilantes entre críticas por la opaca contratación de la Junta y dudas sobre sus funciones
Juan Carlos Portillo aún tiene ampollas en sus piernas de su último empleo como jornalero en Puerto Serrano. Desde medidos de semana, ha dejado atrás la dura tarea de cardar garbanzos para caminar seis horas y media al día por la playa de Santa Catalina de El Puerto de Santa María (Cádiz) e informar a los bañistas sobre las medidas de distanciamiento que deben seguir para evitar contagios del coronavirus. “Es una nueva experiencia”, explica el hombre, de 50 años, entusiasmado. Él es uno de los 3.000 auxiliares contratados por la Junta de Andalucía para desplegarse a lo largo de 1.000 kilómetros de arenales en un nuevo oficio poscovid no exento de polémica. Oposición, sindicatos y alcaldes critican su presencia por la supuesta opacidad de su selección, su falta de formación o las dudas sobre sus tareas.
Portillo cumple con su turno de informante desde el pasado 15 de junio. Pero no lo hace solo. Trabaja con sus hijas Ana María y Tamara, también escogidas de una bolsa de trabajo que estuvo abierta apenas 24 horas y en la que la selección se realizó por orden de llegada. Como ellos, se presentaron hasta 84.000 personas a unos contratos con un salario bruto mensual de 1.900 euros y que se extenderán hasta el 15 de septiembre, según explicó la Junta de Andalucía. El plan primigenio fue tirar de una antigua bolsa de vigilantes que tenía la Administración desde 2008, pero ante la falta de candidatos tuvo que abrir un nuevo proceso de selección en el que solo se solicitó nivel formativo equivalente a Educación Primaria, certificado de escolaridad o acreditación de años cursados en la Secundaria. “Ha sido un proceso abierto, público y transparente”, terció el pasado miércoles el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, durante la presentación.PUBLICIDAD
Aún no lleva ni una semana de trabajo y el joven malagueño Javier García ya está bregado en que los bañistas le pregunten dudas muy diferentes para las que se supone que fue seleccionado: “¿Es verdad que cobras 1.900 euros? ¿Te han enchufado? ¿Cuáles son tus funciones?”. “Sí, no y todavía no está muy claro” son sus respuestas mientras reconoce no tener “aún la información del plan de contingencia” ni saber cuáles son sus funciones exactas. Supuestamente no deben interferir en las labores de los socorristas, tampoco intervenir ante cualquier altercado con los bañistas y, sobre el aforo, no deben ir más allá de notificar a la Policía Local o Protección Civil de su municipio si, a ojo, perciben que su tramo de playa está lleno.
Pero su presencia escama al PSOE andaluz, que plantea dudas sobre el posible “enchufismo” del proceso de selección. El alcalde de Vélez-Málaga censura que el proceso se haya realizado “sin baremación de méritos ni ninguna revisión de los inscritos”. La Federación del Sector Servicios de UGT Huelva ha denunciado la contratación de estos informantes playeros ante la Subdelegación del Gobierno de su provincia y la policía. El sindicato cree que parte de las tareas encomendadas a los 3.000 contratados colisionan con las competencias que la Ley de Seguridad Privada marca para los vigilantes. “Las funciones de vigilancia de lugares y personas que establece la ley se parecen mucho a la convocatoria y nos lleva a pensar que hay una vulneración de la normativa. Nos parece grave. Ante cualquier discusión, no tienen formación para gestionarla”, apunta Fernando Parrillo, secretario general de esta Federación de UGT en Huelva.
Francisco, de 51 años, hace un alto en su tarea en la céntrica playa de La Caleta, en Cádiz, para defenderse: “Nosotros estamos solo para informar. No colisionamos con las competencias de los vigilantes porque es un puesto que hasta ahora no existía”. Se supone que todos los seleccionados han superado un curso online de 20 horas donde se les ha informado de la organización de la Junta de Andalucía, las funciones de los diferentes Cuerpos de Seguridad y las principales medidas puestas en marcha para combatir el coronavirus. Sobre sus funciones concretas, eso sí, aún tienen poca información.
Este pasado miércoles, a las puertas de la jefatura de la Policía Local de El Puerto de Santa María, Portillo y sus hijas eran unos de los 20 que bombardeaban a preguntas al responsable de Protección Civil de la localidad, aunque los informadores dependen orgánicamente de las Delegaciones Provinciales de la Junta. El aludido, Javier Cobos, repetía con insistencia: “Aplicad el sentido común. Ante cualquier problema, usad los móviles —la Junta les ha entregado uno a cada trabajador con una aplicación instalada con notificaciones— para avisar al 112 o al 092”.
Pero, en la arena, no tienen claro que pueda resultar suficiente. Este viernes la onubense Ana Borrero junto a su hija Ángela y Marta, la amiga de esta, eran de las pocas turistas que disfrutaban del sol en la playa gaditana de La Caleta. “Algo tienen que hacer para controlar, ahora que sean efectivos… Cuando vengan los autobuses repletos de gente de fuera, ¿van a ser capaces de controlar eso?”, se preguntaba Borrero poco antes de bajar a uno de esos arenales a los que el coronavirus también trastocó los planes.
Fuente: El País
