El delegado del Gobierno en Madrid autorizó la manifestación feminista a pesar de que el 28 de febrero había recomendado a su personal medidas de precaución por el Covid-19
La investigación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo -en particular la del 8-M con la previsión de un millón de asistentes- le ha costado el puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo fulminó bajo el genérico paraguas de «pérdida de confianza». Horas antes, el domingo por la noche, el coronel se negó a trasladarle a sus superiores políticos los informes que había entregado la Policía Judicial -a cargo de Pérez de los Cobos- a la instructora.
Esos informes son la base para que la titular del Juzgado de Instrucción
51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, citara ayer a declarar como investigado el próximo día 5 a José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido concentraciones masivas pese al avance del coronavirus.
La juez había ordenado expresamente a la Policía Judicial al inicio de las pesquisas (el auto de incoación es de 23 de marzo) que debían guardar «rigurosa reserva» sobre las investigaciones y que solo le informaran a ella. Una orden que reiteró ayer en la misma providencia en la que cita como investigado al delegado del Gobierno, llama a varios testigos y pide nuevas diligencias, tanto a este organismo como al Ministerio de Sanidad y a la Consejería madrileña para evidenciar si se habían tomado o no medidas.
Estaban informados
Pérez de los Cobos no trasladó los informes a sus superiores -Gámez y Marlaska- porque la juez le había ordenado esa reserva, según fuentes de su entorno, una negativa que algunas fuentes de Interior interpretan como una deslealtad. Le ha costado la jefatura de la principal Comandancia de España y compromete su carrera en el Cuerpo: en octubre entraría en la nueva remesa de generales y algunos lo señalaban como el futuro director adjunto operativo (DAO).
«Si hubiera desvelado el contenido de esos informes a sus superiores habría incurrido en un delito de revelación de secretos. El golpe de autoridad del ministro solo puede interpretarse como un ataque a la independencia judicial, con el agravante de que él es magistrado», señalan las fuentes jurídicas consultadas.
El argumento de algunas fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil de que ni siquiera estaban al tanto de que se llevaba a cabo esa investigación es más que cuestionable. ABC ha confirmado que se informó a la superioridad desde el minuto uno y por el cauce habitual de que se habían encomendado las pesquisas a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid. Además, ya había trascendido a los medios (el pasado 20 de abril) la imputación inicial de Franco por delitos de lesiones por imprudencia y prevaricación. La primera imputación la retiró la juez tras recibir un informe forense que no veía relación causa efecto entre acudir a una manifestación como la feminista y contagiarse, pero mantuvo la segunda.
Además, ABC ha podido saber que la Guardia Civil de Madrid pidió a la magistrada al inicio de la investigación que esta la asumiera la UCO para evitar interferencias con la Delegación del Gobierno, de la que también dependen. La juez optó por la Policía Judicial de Madrid, que le entregó la semana pasada un atestado con todos los datos recabados.
El documento clave
Entre esa información consta un documento fechado el 28 de febrero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno sobre el riesgo de contagio por coronavirus. En él se recoge que está elaborado «a partir de las recomendaciones sanitarias de las autoridades nacionales e internacionales» y se recomienda mantener el distanciamiento social de al menos un metro y el lavado de manos. Lo más relevante es que se dice que lo debería aplicar todo el personal de la Delegación del Gobierno y para ello se remitió por mail a toda la plantilla.
Pese a ello, el delegado del Gobierno, nombrado a principios de febrero, no prohibió ninguna de las grandes concentraciones celebradas en Madrid entre el 5 de marzo y el 14: un total de 130. Solo el día 8 tuvieron lugar 40, cuando ya constaba un informe del centro europeo para el control y prevención de enfermades sobre el avance del Covid 19. Tampoco se adoptó ninguna medida de prevención, como se había recomendado en la propia Delegación del Gobierno, donde además se celebró el 27 de febrero la reunión para preparar el dispositivo de seguridad del 8-M. El contenido de esa reunión también ha sido pedido por la juez.
Pero es que después de esa manifestación multitudinaria, cuando ya había muertos y un número considerable de contagios, se siguieron celebrando concentraciones en Madrid: 21 entre los días 11 y 14, aunque obviamente con muchísima menos gente.
Acumulación de desencuentros
El entorno de Pérez de los Cobos asegura que la razón de su destitución es no haberse plegado a los deseos del Gobierno en los informes elaborados sobre el 8-M que apuntan directamente a la responsabilidad del delegado gubernamental al saber que había un riesgo cierto para la salud de miles de personas, la posibilidad de contagios, y no actuó. No obstante, todas las fuentes consultadas, apuntan a un efecto acumulación en su relación con Marlaska e, incluso, a una exigencia de ERC para quien el coronel sigue siendo su particular bestia negra por su papel en el «procès» (fue el coordinador del dispositivo contra el 1-O).
Respecto a la acumulación, en la última semana han trascendido varias órdenes internas polémicas: una, que pedía rastrear redes sociales para prevenir las caceroladas, y otra en la que se instaba a prohibir banderas en las inmediaciones del chalé del vicepresidente Pablo Iglesias. Ninguna de ellas iba firmada por Pérez de los Cobos, sino por el mando de operaciones de Madrid, pero causó malestar que constaran por escrito y que se filtraran.
La juez, dispuesta a tomar partido
La juez instructora se enteró por el propio De los Cobos de su cese y de las razones esgrimidas por él: no ceder a contravenir las órdenes de la magistrada. Rodríguez-Medel está dispuesta, si le constan esos motivos de forma oficial y fehaciente, a tomar decisiones en el ejercicio de sus competencias que incluirían la petición de su postura al ministerio fiscal.
De los Cobos es el segundo coronel cuya trayectoria cercena en seco Grande-Marlaska. Al mes y medio de ser nombrado ministro del Interior destituyó de forma fulminante al coronel Manuel Corbí. La razón oficial esgrimida fue la misma «pérdida de confianza». La trastienda: un mail de Corbí en el que desmenuzaba los problemas que tenía con los fondos reservados, en ese momento bloqueados porque el ministerio hacía una auditoría de en qué se empleaban. Fuentes de Interior explicaron que ese mail había sido un error grave porque era materia reservada y porque si necesitaba dinero simplemente tenía que haberlo puesto en conocimiento de Interior. La destitución de Corbí ya provocó una enorme polvareda y gran malestar en el Cuerpo; la de Pérez de los Cobos también. Llama la atención el silencio del generalato.
Vía: ABC
