La Junta de Andalucía gasta más de 10 millones de euros al año en abonar ayudas a prejubilados
El procedimiento irregular y arbitrario de subvenciones que repartió de manera clientelar casi 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas dejó de funcionar en el año 2009. Pero la Junta de Andalucía todavía está pagando la factura del fondo de los ERE. El coste final que terminarán abonando los andaluces, a través de la Administración autonómica, rondará los 1.300 millones de euros, según la previsión que ha hecho el Ejecutivo andaluz hasta el año 2025, cuando estima que se jubilarán todos los trabajadores que aún están percibiendo estas rentas.
Tras la regularización de parte de las ayudas realizada por el Ejecutivo socialista en 2012, los presupuestos de la Junta de Andalucía reservan una partida específica para costear estas ayudas. El gasto ha ido disminuyendo a medida que los beneficiarios van cumpliendo los 65 años o se producen bajas por defunción.
En el año 2019, tras la llegada del PP y Ciudadanos al Gobierno, se abonaron 16 millones de euros, a razón de 1,33 millones al mes. Al año siguiente, 2020, esta cifra descendió a 12,97 millones, que suponen casi 1,1 millones de euros mensuales, según informó la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. Contestaba a una pregunta parlamentaria sobre las cuantías abonadas que realizó el Grupo Socialista en la Cámara autonómica. En noviembre de 2020, el coste mensual de las ayudas se situó por primera vez por debajo del millón de euros.
Tras destaparse el escándalo, en la etapa de Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE), el Parlamento andaluz aprobó el Decreto Ley 4/2012 para revestir de ropajes legales ayudas que habían sido concedidas mediante un mecanismo opaco de transferencia de fondos. La Dirección General de Trabajo de la antigua Consejería de Empleo concedía, sin tener competencias para ello, las ayudas a empresas, pero utilizaba una agencia externa, IDEA, para abonarlas.
Este mecanismo creaba un ángulo oscuro en el control de destino del dinero público que propició, a la postre, el desvío de ayudas a intrusos, el reparto de fondos por puro amiguismo y el pago de desorbitadas comisiones a intermediarios. El tribunal que juzgó la pieza política de la macrocausa penal de los ERE consideró fraudulento todo el sistema de transferencias de financiación con el que se distribuyeron casi 680 millones de euros entre 2000 y 2009.
El decreto ley excluía a los intrusos (los prejubilados en ERE de las empresas subvencionadas sin haber trabajado nunca en ellas), a los beneficiarios de las rentas vitalicias y hereditarias, así como a los que percibían a la vez pensiones por incapacidad o prestaciones por desempleo. Prescindió también de los intermediarios que habían cobrado comisiones desorbitadas por gestionar las pólizas. Una vez hecho el expurgo, la Junta de Andalucía se comprometió a abonar parte de las pólizas de prejubilación concedidas a extrabajadores mediante la renegociación de sus cuantías con las aseguradoras.
680 millones malversados
Cuando termine de pagar las ayudas en el año 2025, la Junta habrá gastado el doble de los 680 millones de euros en los que la sentencia de la Audiencia de Sevilla cuantificó el dinero público malversado. La resolución de la Audiencia de Sevilla está recurrida ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal deberá decidir sobre la pena de nueve años de inhabilitación fijada para Manuel Chaves por supuesta prevaricación y la sanción de seis años de prisión que se impuso a Griñán también por otro delito continuado de malversación.
La factura final de las ayudas deja cortos los cálculos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que estimó su coste en 1.217 millones en su informe de fiscalización sobre el denominado «fondo de reptiles» publicado en 2012, meses después de que la juez Mercedes Alaya abriera unas diligencias previas tras descubrir, de manera casual, el primer intruso en un ERE.
Fuente: ABC
