Este núcleo turístico onubense ubicado junto a Doñana se contamina por la carencia de una infraestructura declarada de interés general en 1993
La playa de Matalascañas en Almonte (Huelva), el núcleo de población más cercano al parque nacional de Doñana, ha sufrido este jueves un nuevo vertido de aguas residuales que ha contaminado más de un kilómetro de arena. La playa ya vivió otro vertido el pasado agosto. Este núcleo de población carece de depuradora con tratamiento terciario, algo con lo que debería contar desde hace 28 años, cuando esa obra fue declarada de interés general del Estado.
España arrastra una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas desde julio de 2018, que ya ha costado a España más de 32 millones de euros, la mayor sanción que el país ha pagado nunca a Bruselas. Y entre esta carencia de depuradoras destaca el caso de Matalascañas, un núcleo que supera las 150.000 personas en verano, y que el año pasado sufrió tres vertidos de aguas fecales similares a los de ahora. Además, España paga multas semestrales a Europa por la mala depuración en Alahurín el Grande, Isla Cristina, Coín, Nerja, Gijón y Canarias.
“Los vecinos se escandalizan porque ven el vertido desde la tubería y la depuradora actual solo aguanta los 15 primeros minutos de una tormenta grande porque no tenemos tanque, lo demás sale por los aliviaderos. Estamos quitando la primera capa de sólidos en la playa, que son pocos, con unos cuatro centímetros para que la arena quede limpia”. Así relata Miguel Espina, primer teniente de alcalde en Almonte (PSOE), el episodio de nuevos vertidos sufridos esta semana. La gota fría provocó el jueves grandes destrozos en poblaciones onubenses como Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y las intensas lluvias también afectaron a Matalascañas.
“El olor en la playa era insoportable y nauseabundo, porque se supone que los sólidos los retiran con camiones desde la depuradora, pero lo que no es tan sólido estaba en la playa”, censura José Manuel Albarrán, vecino de este núcleo poblacional que estima en un kilómetro y medio el alcance del vertido. El pasado 16 de agosto otro vertido de aguas fecales sorprendió a los bañistas debido a la rotura de una bomba de la depuradora y a que no se activó la de repuesto, lo que obligó al Ayuntamiento a retirar 20 centímetros de arena. El Seprona de la Guardia Civil emitió un informe que remitió a la consejería andaluza de Medio Ambiente y achacó el vertido a una avería en la depuradora, según fuentes del instituto armado. Los vertidos de aguas residuales se repiten en diferentes localidades del Golfo de Cádiz y Ecologistas en Acción ha denunciado esta contaminación en playas turísticas como la ciudad gaditana de Rota.
30 millones para una depuradora
Espina asegura que el Ministerio para la Transición Ecológica “está a punto de licitar” el proyecto para la nueva depuradora de Matalascañas por 30 millones de euros, con casi tres décadas de retraso por la falta de entendimiento entre las Administraciones. El ministerio, que avanzó un plan de choque para acelerar la construcción de depuradoras, no ha confirmado si las obras de Matalascañas —cuyo anteproyecto licitó en 2017— comenzarán a principios de 2022 para así cumplir con el plazo estipulado y dejar de pagar la multa millonaria a Bruselas.
Sin embargo, antes de comenzar las obras el Ayuntamiento deberá ceder los terrenos para ubicar la depuradora. Tras intentarlo en el último pleno municipal y rechazarlo la oposición, el equipo de gobierno, que está en situación de minoría, lo llevará a un próximo pleno en octubre. “Nadie había pedido la depuradora en Madrid hasta 2015. No hemos podido correr más, pero ya estamos llegando al final de la carrera y por fin vemos la luz”, concluye Espina. El anterior alcalde y senador socialista Francisco Bella (regidor entre 1991 y 2011) presidió la comisión de Obras Públicas y Medio Ambiente del Senado entre 2008 y 2012, pero durante ese periodo Matalascañas se quedó fuera de los convenios entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para obras prioritarias, según fuentes municipales.
Fuente: El País
