La Policía detecta en Sevilla una mayor incidencia de organizaciones que se lucran con estos enlaces fraudulentos
Una testigo protegido puso sobre la pista a la Policía Nacional hasta conseguir llevarles al epicentro de una organización asentada en Sevilla y otras localidades andaluzas que se dedicaba al concierto de matrimonios o uniones de hecho fraudulentas que sólo tenían como fin que el novio obtuviera la tarjeta de residencia en un país comunitario. La investigación, hecha pública por la Jefatura Superior de Andalucía Occidental el pasado mes de junio, sirvió también para que los agentes confirmaran que esta práctica conocida hace años se estaría reavivando con la actual situación de crisis derivada de la pandemia, según detalla el responsable del grupo que ha ejecutado la operación y que está adscrito a la unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedad documental (Ucrif).
«El perfil que nos encontramos de todas las mujeres que habían aceptado contraer matrimonio o hacerse pareja de hecho con hombres que no conocían de nada, correspondía al de una persona muy necesitada. Muchas eran madres con niños y sin ingresos que al ser interrogadas declaraban abiertamente que necesitaban el dinero con urgencia. Cobraban entre 3.000 y 6.000 euros», señala el responsable policial de la investigación en una entrevista concedida a ABC.
Este caso nació en septiembre del año pasado, cuando esa testigo clave acudió a la Policía en Sevilla porque conocía al menos a una pareja de conveniencia y al individuo que a la postre resultó ser el principal investigado. Este hombre, de origen paquistaní y residente en la localidad jiennense de Cazorla, estaba al frente de una organización con un jefe superior en Alemania que se dedicaba a la tramitación de la tarjeta de residencia a indios y paquistaníes que buscaban regularizar su situación en Europa por la puerta de atrás.
La estructura de esta organización recuerda a otras que han sido desmanteladas por los cuerpos policiales en el pasado. Los cabecillas siempre cuentan con intermediarios, que trabajan como captadores de ciudadanos europeos que estén dispuestos a simular un enlace con tal de ganar un dinero extra. En este caso era una mujer, que cobraba entre 1.000 y 1.500 euros por cada chica que daba el paso. Cuando la Ucrif explotó la operación en su fase final habían identificado hasta 13 parejas fraudulentas y otras dos sobre las que pesaban serias sospechas.Madre soltera y sin ingresos es el perfil de mujeres contrayentes detectado en la última operación policial
La forma de captación era básica, mediante el boca a boca, incluso la captadora les ofrecía a futuras novias ganar más dinero si conseguían proporcionar nuevas candidatas a la red y así el negocio se garantizaba continuidad. «Cuando la situación económica no es favorable este tipo de conductas proliferan. Es una forma de buscarse la vida y en no pocas ocasiones nos encontramos con chicas que no son conscientes del problema en el que se meten si aceptan casarse por dinero». El delito que suelen imputarles en el curso de investigaciones de este tipo es el de favorecimiento de la inmigración ilegal. Hay procedimientos que acaban dirigiéndose contra los cabecillas de las organizaciones y los falsos contrayentes terminan por enfrentarse a sanciones administrativas, salvo que en la investigación se destapen que participaron en otros delitos como la falsedad documental previa, que cometiera algunos de los contrayentes bigamia o que exista un ánimo de lucro.
Sentencia de 2017
En 2017, el Tribunal Supremo absolvía a una pareja que había sido condenada por la Audiencia de Barcelona. Se habían casado con el fin de legalizar la situación en España del hombre, de nacionalidad dominicana. La sentencia que fue enmendada por el TS resolvía que aquel matrimonio era mendaz e inexistente, de lo que se derivaban delitos de falsedad y contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
Sin embargo, el TS matizaba que el matrimonio de complacencia o conveniencia, de acuerdo a la legislación española, sólo puede acarrear sanciones administrativas o derivar en un ilícito civil pero no penal, si no media ánimo de lucro y no existe usurpación de estado civil o falsedad documental previa. En este caso concreto de Cataluña, los magistrados del TS no vieron ánimo de lucro porque había un fin último en el casamiento que era abrir la puerta a un reagrupamiento familiar para que el padre pudiera traerse a España a sus hijas. «Concurre de modo inequívoco la excusa absolutoria de ayuda humanitaria, que excluye la punibilidad», señala la sentencia.
Sin embargo ese marco jurídico que fijó el Tribunal Supremo no exime al negocio que se lucra de los matrimonios de conveniencia. Y es ahí donde quedan atrapadas las personas que aceptan casarse a cambio de dinero. El delito de favorecimiento de la inmigración clandestina lleva aparejado un castigo en el Código Penal de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
Otros casos
Los matrimonios de conveniencia proliferan en aquellos estados que están sometidos a una fuerte presión inmigratoria. Días antes de que saltara la noticia de la operación que se había desarrollado en Sevilla, la Policía Nacional informaba de otra casi gemela que se había estado llevando a cabo, también en Andalucía, pero dentro de la provincia de Almería.
En este caso, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería detuvieron a cuatro hombres y una mujer, tres de los varones implicados son de origen nigeriano y el resto son de nacionalidad española. La mujer investigada se llegó a casar con un nigeriano a cambio de un pago de 3.000 euros.
La organización reclutaba mujeres de Rumanía y Bulgaria, quienes a cambio de una cantidad que rondaba entre los 3.000 y 5.000 euros, venían de sus países con la única intención de celebrar un matrimonio civil, y una vez realizado este acto, regresaban a sus países de origen. Entre 3.000 y 6.000 euros por casarse con un total desconocido a quien no volverá a ver más
Ya en España, uno de los arrestados ofrecía la vivienda de la que disponía para empadronar a las nuevas parejas, y falsificaba un contrato de arrendamiento para dar solidez a la unión.
En el caso de la organización con base en Sevilla, los indios o paquistaníes que recurrían a la organización investigada para que le arreglaran los papeles, pagaban unos 8.000 euros por el servicio, que también incluía el alta en algunos de los restaurantes de kebab que controlaba la red o en empresas ficticias para dar una mayor solidez a la documentación presentada que supuestamente acreditaba una estancia fija en el país.
También en el pasado mes de mayo, la Policía Nacional, en el marco de una investigación por narcotráfico en Madrid, confirmó que el 85% de los jóvenes colombianos que reclutaba una mafia en barrios marginales para traficar con cocaína en la capital madrileña se habían casado en enlaces fraudulentos. La organización los obligaba a contraer estos matrimonios de conveniencia para garantizar que continuaban en el país y no eran expulsados tras caducar su visado de turista con el que entraban previamente a España. Una vez más la necesidad económica estaba detrás de muchos de esos enlaces.
Los matrimonios de conveniencia se pueden detectar a través de las investigaciones que hacen negocio con los inmigrantes irregulares. Pero también en los registros civiles donde saltan las alarmas ante solicitudes de uniones que resultan sospechosas. Cuando los funcionarios se encuentran ante un posible fraude, se convoca a los contrayentes a una audiencia previa en la que son sometidos a un cuestionario que valora el nivel de conocimiento que tienen el uno sobre el otro y si es tan real la relación como quieren aparentar. Fuentes judiciales detallan que a pesar de que vienen con algunas respuestas aprendidas como el lugar en el que se conocieron o se dijeron el clásico ‘si quiero’; sin embargo, acaban errando cuando se les pregunta por cuestiones íntimas como en qué lado de la cama duerme su pareja o de qué color es el capillo de dientes. También admiten que aquellos enlaces de conveniencia que son descubiertos por la Policía y que ya se habían formalizado demuestran que en no pocas ocasiones falsas parejas logran pasar este filtro.
Más de medio millar de matrimonios mixtos al año en la provincia
En los últimos años se han registrado en la provincia medio millar de matrimonios mixtos, que son los que se componen por un español o española con un ciudadano extranjero. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recoge que en 2019 se cerraron 670 enlaces de esa tipología en Sevilla, una cifra superior a la de 2018 (572) y la de 2017 (545). La estadística, que demuestra un incremento progresivo, se frena de manera abrupta en 2020, como la mayoría de los indicadores económicos y sociales del país. El estado de alarma decretado en marzo de 2020, que confinó a la población en sus hogares, paralizó la actividad en los registros, donde dejaron de celebrarse bodas. El año pasado se firmaron 361 matrimonios mixtos, la mitad de los que se sellaron tan sólo un año antes. Estos enlaces suelen ser mirados con lupa si el ciudadano extranjero no tiene regularizada su situación en España.
Fuente: ABC
