Disuelto el grupo de la Policía Local que se encargaba del tema, los aparcacoches ilegales y su constante coacción son hoy parte del paisaje urbano de la capital andaluza
Uno de los fenómenos callejeros que más han caracterizado a Sevilla capital en los últimos años, y muy a pesar de la imagen de la ciudad, es el de los aparcacoches ilegales, los conocidos ‘gorrillas’, una especie que la capital andaluza exportó a otros lugares pero que tiene en ella su origen. A pesar de todos los esfuerzos de los diferentes gobiernos locales desde la Exposición Universal de 1992 hasta hoy, la cuestión no ha variado apenas un ápice. Normativas, ordenanzas sancionadoras, zona azul en muchos lugares, Policía Local…. Nada ha funcionado. Pocos problemas han permanecido tan inmutables como el de los aparcacoches que pueblan las principales vías, un mal endémico y sonrojante, una triste seña de identidad
sevillana. Estos individuos de aspecto marginal campan a sus anchas intimidando a conductores con su petición de dinero a cambio de un supuesto auxilio para encontrar aparcamiento, dirigir la maniobra del mismo o, teóricamente, vigilar el vehículo mientras su responsable está ausente. Y si no hay monedas a cambio…
Pese a la evidencia de esta actividad al margen de la ley, el Ayuntamiento de Sevilla acumula años de ineficacia o incluso desidia con respecto a este asunto, que parece considerar un mal menor o necesario a tenor de las actuaciones que emprende para acabar con él. Ninguna de las medidas aplicadas por la Administración local —cargadas siempre de tibieza— ha dado el resultado esperado ni de lejos. Ni las sanciones ni la ordenanza antivandálica ni los convenios con las asociaciones de desempleados para regularizar de alguna manera a los guardacoches han servido. Únicamente la implantación de la zona azul —otra vez el recurrente bolsillo del ciudadano— en barrios como Bami, Nervión o la propia Sevilla Este, ha aliviado la presencia de los aparcacoches durante unas horas. Pero cuando por la tarde concluye el horario de estacionamiento regulado, se abre la veda de nuevo para el gorrilla en esas calles. Allí donde hay demanda de sitio para aparcar, allí aparecen. La zona azul sólo ha variado el panorama diurno. Pero en general, la respuesta a este penoso fenómeno es un verdadero fracaso.
Un objetivo abandonado
Hasta la propia Policía Local ya ha renunciado de manera extraoficial a acabar con la presencia de los ‘gorrillas’ en las calles. Hace cinco años se reflotó dentro de este cuerpo el llamado «grupo antigorrillas», que contaba con 16 agentes para ejercer una labor disuasoria para tratar de impedir la presencia de los mismos en las zonas más afectadas por este problema. Se reaccionaba, de es forma, a las incesantes quejas vecinales que en ese momento se estaban produciendo. Pero hace ya meses que este grupo ha dejado de existir como tal, tanto por las necesidades de más efectivos para otras labores como por la falta de voluntad política de afrontar el asunto. Desde la propia Policía se admite que «hace ya varios años, de hecho, que es un tema aparcado». Así lo explican a este periódico fuentes policiales, que apuntan que «prácticamente no hay órdenes de actuar con ellos sino que se deja estar. Se deja un poco a elección del agente, si ve que hay un tema que se ha complicado, en todo caso, pero por norma, no se hace nada». Se señala que se hace «alguna excepción con varios sitios puntuales y por quejas muy concretas que surjan», pero «de manera aislada».
Además, desde el cuerpo municipal de seguridad se recalca que, al no actuarse, «el fenómeno se ha extendido por toda la ciudad, y no es ya solo la zona de Nervión o de Bami cuando acaba la vigencia de la zona azul, sino muchas otras». En este sentido, se apunta al crecimiento exponencial de los ‘gorrillas’ en Sevilla este, especialmente en la zona de bares situada enfrente del Palacio de Congresos, que se ha poblado de aparcacoches africanos. «Ellos controlan esa zona de la ciudad, es, de alguna manera, su jurisdicción, como pasa con los rumanos en todo lo que es Torneo y las proximidades del río», apuntan desde la Policía Local. Tema aparte es el del tanatorio de la SE-30. «Es un verdadero desastre —indican— que da vergüenza a cualquiera que pasa por allí. Siempre ha estado plagado de ‘gorrillas’ que llegaban sobre todo del asentamiento de El Vacie, que está al lado, pero de un tiempo a esta parte no sólo están los portugueses de esas chabolas, que se han concentrado más en el aparcamiento del muro del cementerio o de la explanada de justo enfrente de la entrada de San Fernando, en las instalaciones de la Diputación, sino que han acudido jóvenes del Polígono Norte, muy cercano, sin empleo ni ocupación que pasan el día en los alrededores del tanatorio para ganar un dinero fácil ahora que esta instalación, desgraciadamente, está siempre muy ocupada de público por culpa de la pandemia. Acuden con sus bicicletas o atravesando la ronda norte para gestionar los aparcamientos que dan a esta ronda. Y apenas se actúa allí ya tampoco».
Desde elgobierno localdel socialista Juan Espadas se apuntaba que el espinoso asunto está «dentro de las competencias de las unidades de policía de barrio que se están reforzando precisamente ahora». Se recordaba, en este sentido, que se han realizado «campañas específicas» con varias patrullas asignadas a una zona determinada, pero no con carácter general «ni dentro de una estructura policial fija».
La ordenanza es papel mojado y las multas no se cobran
En 2007, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza que consideraba la actividad de los ‘gorrillas’ una forma de mendicidad coactiva y establecía multas de 120 euros para los que reincidieran. Al tratarse en su mayoría de indigentes, la norma preveía que las sanciones fueran sustituidas por «sesiones de atención individualizada con los servicios sociales o por especialistas en materia de drogodependencia y cursos en los que se les informará de que las instituciones públicas les ofrecen apoyo y asistencia». Aquella ordenanza no ha sido derogada, pero ha quedado en agua de borrajas. La entrada en vigor de la llamada ordenanza antivandálica en 2008, con el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, generó ese instrumento legal que posibilitaba la imposición de multas a estos aparcacoches ilegales y amenazantes. No obstante, no fue hasta la llegada del popular Juan Ignacio Zoido al poder cuando se empezaron a poner las sanciones por parte de la Policía Local. Hasta entonces, el número había sido prácticamente simbólico, puesto que la existencia de la norma no había estado acompañada de voluntad política para aplicarla.
El PP sí usó la ordenanza y el número de sanciones se disparó. Los datos del mandato de Zoido —de 2011 a 2015— indican que se llegó a las 25.000 sanciones a aparcacoches, con cantidades entre 30 y 50 euros. Pero el sistema resultó inservible en la práctica, puesto que los sancionados no suelen tener domicilio para notificar la multa y, además, se declaran insolventes, con lo que no abonan cantidad alguna. De hecho, sólo se llegó a cobrar en esa etapa el 4% de las multas impuestas. El plan carecía de eficacia y, a ver los resultados, su sucesor, Juan Espadas, bajó notablemente la intensidad, interponiéndose unas dos mil sanciones al año de las que no se llega a cobrar ni el 2%. Un estrepitoso fracaso.
Antes de la ordenanza, sí estuvo a punto el Ayuntamiento de erradicar el fenómeno a través de un convenio con una asociación de parados de mayores de 40 años que formaron los ‘vovis’ (voluntarios vigilantes), que copiaron otras ciudades. Uniformados y reglados, ahuyentaban a los ilegales, pero un caso de estafa en la asociación les quitó fuerza y el Ayuntamiento los olvidó, si bien siguieron funcionando de manera extraoficial: expedían incluso tiques (0,60 euros) y la Policía Local no multaba en las zonas que ellos controlaban.
Fuente: ABC
