El Ejecutivo deja la puerta abierta a implantar este sistema a todas las carreteras del país en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Tres años. Es el plazo que se da el Gobierno para implantar un modelo de pago por uso en la red de alta capacidad española (autopistas y autovías). En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido este miércoles a Bruselas el Ejecutivo no solo aborda esta política, sino que da por hecho que sacará adelante la medida, que se articulará en la futura ley de movilidad.
El Gobierno destaca que este sistema de peajes «supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario ‘usuario pagador’ y también del principio de ‘quien contamina paga’». La intención con este sistema es costear el mantenimiento de la red estatal de carreteras. El Gobierno explica que de los 24.466 kilómetros de la red estatal de carreteras, 12.000 pertenecen a vías de alta capacidad. Esto genera unos costes crecientes que «no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios» y un déficit de mantenimiento que repertuce en una pérdida de valor. Por eso, los planes del Ejecutivo pasan por sufragar este mantenimiento con nuevos peajes.
El documento detalla además que en «el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores». Aún así, asegura que el asunto se tratará con los transportistas profesionales «con el objeto de llegar a un acuerdo con ellos» para evitar conflictos como los vividos en Francia.
Para los particulares, el Ejecutivo prevé «una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida, orientada a sensibilizar tanto a los transportistas y a la población en general de la necesidad de la reforma». Con este sistema y unas «tarifas asumibles» el Gobierno pretende combatir «el rechazo inicial» que entiende generará la medida. También se barajan reducciones o bonificaciones para determinados colectivos, como las rentas bajas o los conductores habituales.
El plan, no obstante, es ambicioso. Y no se detiene en las autovías y autopistas, sino que nace con la vocación de extenderse por toda la red de carreteras. El Ejecutivo, eso sí, busca un pago por uso escalable y progresivo. Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.
Los planes del Gobierno pasan por elevar la ley de movilidad para que el Consejo de Ministros le dé una «primera lectura» antes de junio. La norma, no obstante, no se aprobaría antes del segundo semestre de 2023. Transportes siempre ha apelado al consenso con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante la norma, que tiene un evidente coste político para el Gobierno.
Inversión en Cercanías
Más allá de los peajes, el Gobierno ha diseñado un ambicioso plan de inversión en Cercanías sufragado con los fondos europeos y dotado con 1.619 millones de euros hasta 2026. El grueso de la inversión lo soportará Adif, que invertirá 1.502 millones sobre todo para mejorar las vías y las estaciones de las Cercanías en Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Asturias, Cantabria y Andalucía. El Gobierno promete además electrificar el 100% de la red.
«El objetivo último de esta línea de inversiones es maximizar el uso de los servicios de transporte colectivo de Cercanías ferroviarias, reduciendo principalmente el uso del vehículo privado en entornos urbanos y metropolitanos, y por consiguiente las misiones contaminantes», explica el texto, que recuerda que las Cercanias fueron utilizadas por 443 millones de viajeros en 2019.
Fuente: ABC
