Montero evita desvelar la fecha en la que el Gobierno remitirá los Presupuestos del Estado al Congreso pero reclama el apoyo del PP
En ausencia de Pedro Sánchez, la sesión de control al Gobierno se ha dispersado en un abanico de cuestiones: desde los remanentes de los Ayuntamientos, al acercamiento de presos, la posible imputación de Pablo Iglesias, los Presupuestos, las declaraciones del teniente fiscal Luis Navajas… y la reforma del Código Penal para rebajar las penas por los delitos de rebelión y sedición.
Y precisamente ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien en una respuesta a la diputada de JxCAT, Laura Borràs, ha anunciado que los indultos pedidos por los condenados por sedición tras el 1-O «empezarán a tramitarse la semana que viene». «Esos que a ustedes les preocupan porque les tocan», ha dicho Campo, quien ha defendido la «independencia de la Justicia». «Estamos plenamente dispuestos al diálogo porque es la manera de resolver los conflictos políticos», ha añadido el ministro allanando así el camino a la mesa de negociación sobre el conflicto de Cataluña, pese a que esta aún no tiene fecha para su celebración.
En concreto, de los condenados por el procés, destacan dos peticiones de indulto: el de la ex consejera Dolors Bassa y el de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El indulto de la primera, condenada a 12 años de prisión, fue pedido por el sindicato UGT y el de la segunda, condenada a once años y medio, fue solicitado por tres ex presidentes del Parlament. En ambos casos las afectadas han dado su consentimiento.
No obstante, desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que el proceso comienza respecto a todas las solicitudes de personas condenadas en el procés, puesto que la primera solicitud que se presentó, el pasado mes de enero, se refería a todas ellas.
El procedimiento de indulto, aclara el Ministerio, es individual, por lo que Justicia sólo envía al tribunal sentenciador una única solicitud por cada caso aunque respecto al mismo haya habido varias peticiones. El tribunal sentenciador por su parte es el órgano que reclama informe a la fiscalía. Todo el procedimiento suele alargarse más allá de seis meses
Desde el Ministerio de Justicia apuntan que las tramitaciones de las peticiones de indulto comienzan ahora que se ha superado el «atasco» provocado por la pandemia.
En declaraciones a La Sexta, el ministro Campo ha señalado que la tramitación de los indultos puede extenderse incluso durante ocho o diez meses y que el Gobierno tiene que recabar los informes del Ministerio Fiscal y el tribunal sentenciador aunque los dictámenes de ambos no son vinculantes.
Asimismo, el titular de Justicia ha confirmado que el Ejecutivo llevará a cabo la reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal. Juan Carlos Campo ha asegurado que dicha reforma legal se hará tratando de reunir el mayor consenso posible y contando los informes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, descartando por lo tanto que se lleve a cabo una reforma exprés.
Al ser preguntado sobre si esta modificación del Código Penal -donde presumiblemente se rebajarán considerablemente las penas que conllevan aparejadas la rebelión y sedición- será aplicable al ex presidente Carles Puigdemont, Campo ha reconocido que sí. Al no haber sido juzgado Puigdemont aún por el Tribunal Supremo si cuando esto suceda ya se encuentra en vigor la modificación de los delitos de sedición y rebelión deberá aplicarse la nueva redacción de los delitos.
Como normal general, la concesión de los indultos respecto a las solicitudes que recibe el Gobierno representa un porcentaje muy pequeño. El año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron un total de 39, es decir, el 0,97 por ciento. En el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 indultos de los 4.382 tramitados.
LA «BOMBA» DE CAMPO
La portavoz de JxCAT en el Congreso, se ha mostrado «sorprendida» por el anuncio «bomba» de Campo. «Veremos en qué se concreta durante su tramitación. El indulto es una posible solución individual pero yo me intereso por un problema político que es el de frenar la represión y poner fin al conflicto», ha declarado a la prensa en el patio del Congreso. En este sentido, Borrás considera que el proceso político que tendría que abrirse con Cataluña debería desembocar en una amnistía, lo que requeriría de la aprobación de una ley.
«Empezar a tramitar los indultos no es concederlos. Eso sería una buena noricia porque saldrían de prisión, donde no deben estar», ha asegurado Borrás. No obstante, JxCAT mantiene que hay «2.850 represaliados», de acuerdo con los datos que maneja Omnium Cultural, para los que debería haber una solución.
La portavoz de JxCAT ha asegurado que ellos no desvincularán su demanda de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado pero siguen dispuestos a sentarse a discutir las cuentas públicas con el Gobierno.
Mucho menos precisa que el ministro de Justicia se ha mostrado la titular de hacienda, María Jesús Montero, cuando desde el PP, la diputada Carolina España, le ha urgido a precisar en qué fecha remitirá el Gobierno a la Cámara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Montero se ha limitado a asegurar que será «mucho antes» de lo que lo hizo el ex ministro Cristóbal Montoro cuando presentó sus últimas cuentas para la nación, esas que hoy en día, al menos sobre el papel, siguen en vigor y llevan camino de ser prorrogadas por tercera vez.
Montero ha asegurado que sus Presupuestos serán «inéditos» porque así lo requiere la situación que vive el país por la pandemia del Covid y seguirán unas líneas que no coincidirán en nada con las diseñadas por los populares cuando afrontaron la crisis financiera. En este caso, ha asegurado, se volcarán en el gasto social.
Antes que ella, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha señalado el futuro de subidas de impuestos que previsiblemente contemplarán las cuentas públicas al asegurar, en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que España necesita diseñar una «fiscalidad justa» para afrontar las necesidades del país y ha descartado de un plumazo la fórmula de bajada de tasas e impuestos que preconiza el PP porque en su opinión es imposible una ecuación que propugne rebajas fiscales y aumento de gastos.Más en El MundoMarcos Llago, jefe de la Legión: «Ya estamos preparados para actuar como rastreadores. El efecto Pedro Sánchez duplica los afiliados de la Fundación Francisco FrancoEl Mundo
El cara a cara entre el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, se ha quedado en un mero duelo florentino, en el que el número tres del Gobierno ha sentenciado que los populares nunca volverán a sentarse en el Consejo de Ministros. Un vaticinio que en su opinión también sirve para Vox, un partido que tacha a Iglesias de «indigno». «No hay moño para esconder tanta indignidad», le ha espetado Macarena Olona. Frente a ambas fuerzas, según Iglesias, «los españoles resistirán y defenderán la democracia».
Desde Ciudadanos, Edmundo Bal, ha insistido en la necesidad de constituir un comité de expertos que detecte los errores cometidos durante la pandemia y marque el rumbo de lo que debe hacerse para evitar «una tercera ola» del virus. Bal ha pedido a Illa que medie entre el Gobierno y los partidos que lo sustentan para que cesen en su «arenga» contra la Comunidad de Madrid y «no divida» a los españoles. Illa ha asegurado que la comisión que revisará la gestión del Covid se creará, «pero en el momento oportuno». «Ahora», ha dicho, «es el momento del combate».
Fuente: El Mundo
