- “Si el sector privado estaba vendiendo tests, se deberían haber comprado a cualquier precio”
- “Los médicos de las residencias fueron auténticos héroes, trabajando a ciegas durante un mes”
Norberto Sotomayor, fiscal delegado para Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, explica en esta entrevista sus momentos más angustiosos de los tres meses de estado de alarma por coronavirus, los errores que detectó y los que no deberían repetirse en caso de una segunda ola de la pandemia.
—¿Cómo han sufrido los efectos de la COVID-19 las residencias de mayores y de discapaces en Sevilla?
En Sevilla y provincia hay unas 200 residencias, de las que 25 o 30 son para personas con discapacidad. Tienen una población total de 8.016 personas y durante la pandemia registraron 151 fallecidos, todos en centros de mayores. Afortunadamente no hubo fallecidos entre las personas con discapacidad, que son más jóvenes, y tampoco falleció ninguno de sus aproximadamente 10.000 trabajadores. El pico máximo de trabajadores contagiados se alcanzó el 20 de abril, con 339, y el máximo de personas mayores positivas se produjo el 23 de abril, con 341.
— Usted abrió unas diligencias informativas a instancias de la Fiscalía General del Estado.
Tengo ya unos 5.000 folios con información sobre todas las residencias de Sevilla y provincia. Abrí unas diligencias generales y otra para cada uno de los 16 centros donde hubo fallecidos, ahora estoy preparando las conclusiones que elevaré al coordinador andaluz.
— ¿Como vivió los tres meses de estado de alarma?
Los 15 primeros días fueron una auténtica jaula de grillos, nadie sabía dónde acudir, con el problema añadido de que las propias delegaciones de la Junta estaban a cero de funcionarios. Al final nos llamábamos a los móviles particulares y yo tengo más de seis mil correos electrónicos de ese periodo. En esta Fiscalía solo hubo un funcionario cada tres días durante los tres meses fuertes de la pandemia. Al principio yo funcionaba casi como una centralita, me he pasado semanas en mi despacho sin poder trabajar, solo cogiendo el teléfono y contestando correos desde las 8 de la mañana hasta la tarde.
— ¿Cual era el objeto de esas llamadas?
Me llamaban de las residencias porque no tenían mascarillas. Al final conseguí un interlocutor en la Consejería de Salud, me convertí en un proveedor de equipos.
—¿La respuesta fue buena?
Sí, pero al principio hubo mucha descoordinación. Le voy a contar una anécdota: en los primeros días yo trataba de contactar por teléfono con la delegada provincial de Igualdad y no había manera, ningún teléfono contestaba. Una mañana decidí ir andando a su sede de la calle Luis Montoto, llegué y estaba cerrado pero salió el vigilante de seguridad. Me dijo que a primera hora de la mañana había visto entrar a una única persona, pero no conseguía localizarla en ningún teléfono de su listín. Le dejé mi número particular escrito en un papel y cuando volvía a la Fiscalía me llamaron y era la delegada, la única persona que había ido ese día a trabajar.
— ¿Hubo colaboración de otras administraciones?
En muchas ocasiones he tenido que recurrir a la Policía Local de los pueblos para que me localizaran datos de las residencias, que no estaban actualizado en los listados de la Junta. Recuerdo que un sábado por la noche yo estaba preocupado porque me constaba que en Marchena había una residencia pero no tenía su teléfono. Llamé a la Policía Local, expliqué lo que necesitaba y les dije que no corría prisa, pero el policía de guardia cogió su patrullero y se fue a las 10 de la noche al centro para conseguir el teléfono.
“Ha sido horroroso lo que he oído en las residencias”
— ¿Qué le han transmitido los trabajadores de las residencias?
He hablado con los médicos y trabajadores de las 16 residencias con fallecidos y ha sido horroroso lo que he oído. Por determinadas decisiones tardías y por otras que no me explico ha muerto más gente de la que debería. Los médicos, muchos de ellos jóvenes, procedían de los ambulatorios y decir que son héroes es poco. Era terrible la impotencia que sentían. Los mandaron al matadero sin saber quién estaba infectado, estuvieron un mes desde que se decretó el estado de alarma encerrados hasta 16 horas al día en las residencias, trabajando a ciegas hasta que tuvieron los test.
—¿Que se hizo mal?
El problema es que nuestra referencia tenía que haber sido Italia, que iba 10 o 15 días por delante. Las residencias se tenían que haber cerrado antes, porque ya la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea recomendaban tomar especiales precauciones con las personas mayores porque era el grupo de riesgo máximo.
Las visitas siguieron autorizadas hasta el día en que se decretó el estado de alarma, eso fue una locura porque la mayoría de las personas que se infectaron no salían a la calle, o sea que se contagiaron de familiares o amigos. Una de las residencias donde hubo más fallecidos, la Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, cerró una semana antes por propia iniciativa del director, incluso peleándose con las familias.
El segundo gran problema, que no me explico, es por qué se tardó un mes desde la declaración del estado de alarma en hacer los test en la residencias de mayores cuando en el sector privado había laboratorios haciéndolos. Yo no sé quién debía comprarlos, si la Junta o el Gobierno, pero se tenían que haber traído de donde fuera, pagando lo que fuera.
Las cosas podrían haber sido de otra manera si hubiese habido más diligencia fuera de las residencias.
—¿Qué se hizo bien?
Se tomó una decisión muy acertada, que habrá que tener en cuenta para el futuro, que fue medicalizar el hotel Alcora para retirar de las residencias más pobladas a las personas sospechosas de contagio. Si eso hubiera pasado en los primeros días, no estaríamos en 151 fallecidos.
— Personalmente, ¿qué le resultó más angustioso de aquellos tres meses?
Mi gran angustia era no saber cómo conseguir las cosas. Me pedían cien mascarillas y la Consejería de Salud las enviaba, pero al día siguiente estábamos en las mismas. Mi angustia era hablar con los médicos y los directores, yo pensaba que iban a morir muchas más personas.
— ¿Qué habría que prever para el futuro?
Hay protocolos de incendios y se hacen simulacros, pero nadie había pensado en hacer simulacros de cómo se pone un EPI o cómo se quitan los guantes, que ahora es urgente porque los protocolos se han quedado obsoletos. Habrá que bajar la ratio de personal por residente y de metro cuadrado por residente, aumentar los servicios médicos y tener zonas habilitadas para aislamiento.
En el futuro habrá que pensar que, ante una clausura de las residencias, se podrían colocar sistemas de videoconferencia para que por lo menos los residentes puedan ver a su familia, eso es un aspecto psicológico importante tanto para los de fuera como para los de dentro.
— Están preparados los centros para una segunda ola de COVID-19?
Yo en julio fui sin avisar a las tres residencias de Sevilla con mas fallecidos y me sorprendió el nivel de seguridad y de rigor con el que estaba actuando todo el personal, como estaba todo perfectamente preparado para las visitas, la desinfección de zapatos y manos, las mascarillas, la distancia, los ancianos perfectamente separados, las cocinas impolutas, guardas de seguridad controlando, todo el mundo con un cuidado exquisito.
Ahora han hecho acopio de mascarillas y material, pero el problema es ¿han hecho suficiente? ¿Alguien les ha dicho qué cantidad exacta deben tener? Me gustaría saber si la Junta y el Gobierno central han hecho acopio, con qué medios cuentan en material, respiradores y personal sanitario adicional.
—Como jurista, ¿cree que pueden prosperar las denuncias penales?
En vía penal, no. ¿Qué delito puede haber, homicidio por imprudencia? Los directores cerraron las residencias cuando les dijeron, no ha habido ni un solo caso de persona grave que no fuera trasladada al hospital, no podían impedir que alguien se infectase porque los tests llegaron un mes tarde. No son responsables ni directamente ni por negligencia.
Lo que sí va a haber son responsabilidades civiles, igual que los centros escolares tienen una responsabilidad objetiva de indemnizar si se produce un siniestro.
Hasta qué punto esto fue un caso fortuito o de fuerza mayor es una cuestión jurídica a discutir y habrá que esperar a las primeras sentencias. Hay una responsabilidad civil de las residencias y una subsidiaria de la Administración por no suministrar material alguien que tiene obligación de dar asistencia sanitaria a la población. Se van a plantear unos juicios de responsabilidad civil interesantes e importantes económicamente hablando.
— ¿La opinión pública trata injustamente a la residencias?
Un sector de la opinión pública y de la política ha criminalizado de forma absurda a las residencias privadas, donde ha habido más muertes porque son el 97 % de las que existen. El problema de España es que no se ha invertido en residencias públicas, en Sevilla son públicas solo 9 de las 160 residencias de mayores, pero todas deben cumplir los mismos requisitos. Los políticos deberían darse cuenta de que hay más privadas porque no las hay públicas.
Fuente: Diario de Sevilla
