Educación mantiene el pulso con los sindicatos y arrecian las críticas de PSOE y Adelante
La vuelta a las aulas será presencial y los profesores se incorporarán a sus puestos de trabajo con normalidad el 1 de septiembre para que las clases comiencen el día 10 de septiembre en Educación Primaria y el 15 en Educación Secundaria, cumpliendo así lo establecido en el calendario escolar. Este es el escenario que defiende el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien no contempla ninguna otra opción. «Que los padres estén tranquilos, los niños irán a los colegios en septiembre. No podemos culpar a los colegios de lo que sucede en toda la sociedad, ¿o es que los niños no van a ir luego a un cumpleaños, o al inglés o a hacer deporte? Pues parece que sólo se van a contagiar en los colegios. Seamos prudentes y razonables», explicaba ayer el consejero de Educación quien argumentaba que durante el mes de julio se ha realizado el programa de refuerzo estival y no ha habido más problemas que en otras actividades sociales. Lo mismo defendía, por cierto, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, quien también está desarrollando programas educativos para familias desfavorecidas «sin incidencias en los contagios».
Todos los colegios contarán con medidas de seguridad, con protocolos sanitarios, se procurará que los niños estén separados en lo que se denomina grupos burbuja y se organizarán los recreos de forma separada para que los grupos no se mezclen entre sí. También habrá coordinadores Covid en todos los centros educativos que estarán en contacto permanente con los centros de salud para identificar los contactos en el caso de que se produzcan casos positivos.
La Consejería de Educación firmó una orden el pasado 6 de julio en la que pedía a los equipos directivos que elaborasen un protocolo especial para sus centros: itinerarios de entrada y salida, horarios para las salidas escalonadas y similares. Una orden que revolucionó una parte del sector educativo que está en pie de guerra desde entonces. El departamento que dirige Javier Imbroda alega que están en permanente diálogo con los profesores y los directores de los centros —ayer mismo hubo un encuentro en la provincia de Sevilla— y que han habilitado un sistema para resolver las dudas que planteen los maestros directamente.
Pero la mecha está prendida. El pasado 24 de julio dimitió en bloque el equipo directivo del CEIP Clara Campoamor en Bormujos (Sevilla) porque aseguran que no pueden garantizar las condiciones de seguridad de los alumnos. Hasta ahora ha sido el único caso a pesar de que la asociación que engloba a los directores de los centros de Infantil y Primaria de Sevilla no ha aprobado que esta medida se lleve a cabo en bloque. Tampoco la asociación de directores de institutos se ha planteado esta medida de presión y abogan por esperar a septiembre y ver cuál es la situación.
La viceconsejera de Educación, Carmen Castilla, explicó ayer a las asociaciones de directores Asadipe y Adián que la vuelta al cole segura «es una responsabilidad de todos, empezando por las Consejerías de Educación y Deporte y de Salud y Familias, pasando por los ayuntamientos, las propias direcciones de los centros, el profesorado y el personal de administración y servicios, las familias y el alumnado».
Para facilitar la elaboración del protocolo de seguridad, la Consejería de Educación va a remitir a los centros un decálogo acompañado de las respuestas a las consultas que se han remitido desde las direcciones de los centros a las delegaciones territoriales, a través de los servicios de Inspección Educativa. En la reunión que ayer mantuvo la viceconsejera con los directores de Sevilla les adelantó que el documento va a poner el énfasis en la citada responsabilidad compartida, la dotación de recursos humanos y materiales que se va a poner a disposición de los centros, la flexibilidad en la organización del curso, y la necesidad de coordinación, diálogo, compromiso, formación e información.
Asimismo, la Consejería de Educación ha puesto a disposición de los directores de los centros los servicios de la Inspección Educativa, las unidades de prevención de riesgos de las delegaciones territoriales, y los recursos de la propia Consejería de Educación y Deporte.
En cualquier caso, la situación no es igual en todos los centros ya que hay institutos y colegios que ya han enviado a los padres de sus alumnos el protocolo a seguir para el inicio de curso, así como los itinerarios que deberán seguir los estudiantes para una vuelta segura al colegio.
Críticas de la oposición
La vuelta al cole copó ayer los discursos políticos de los grupos de la oposición. Susana Díaz mantuvo un encuentro en la sede regional del PSOE andaluz con profesionales y expertos del sector educativo y criticó las medidas del Gobierno andaluz: «No garantiza ni la seguridad sanitaria ni la seguridad jurídica por la falta de planificación de la Junta, por su falta de compromiso con la educación pública de Andalucía. A Juanma Moreno le da igual todo».
Susana Díaz puso de ejemplo lo que está haciendo Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, «quien lidera la comisión de coordinación es el presidente y están también los consejeros de Educación y Sanidad», dijo además de afirmar que el número de profesores que plantea Valencia es similar a los de Andalucía, ya que esta comunidad ha bajado la ratio a 20 alumnos por clase, una medida que no se ha tomado en Andalucía. Susana Díaz pidió más planificación y prevención «para cuidar la seguridad sanitaria de nuestros niños, docentes y de los andaluces».
Desde Adelante Andalucía, su portavoz adjunta, Ángela Aguilera, arremetió contra el consejero Javier Imbroda, «no cuenta con nadie, tiene a toda la comunidad educativa en contra y crea incertidumbre en los equipos directivos cargándolos de responsabilidad sobre la seguridad sanitaria en los centros que no les compete. Los obliga a hacer de epidemiólogos».
Además, la diputada Ana Naranjo reclamó al Gobierno andaluz que fiscalice la gestión de los cheque-libros para que se lleve a cabo en base a la normativa vigente y las pequeñas y medianas librerías no se vean perjudicadas.
Naranjo recordó que no se admite «que los propios centros educativos sean los que directamente, sin tener permiso para ello, compren ese material a las editoriales». Una práctica que daña al sector de las librerías.
Prórroga al transporte escolar
El consejero de Educación dijo ayer en el Parlamento que se van a prorrogar los contratos de los servicios de transporte escolar durante el primer trimestre del próximo curso. Muchos de los contratos terminan este año y procede sacarlos a concurso público, una obligación legal que la consejería tiene que cumplir, según ha explicado Imbroda. «Estamos procurando buscar una solución intermedia que permita tener ese sector con la tranquilidad de poder terminar su curso escolar, porque ya se han establecido las rutas para el curso que viene y cambiar todo eso a mitad de camino de un curso no es lo más conveniente».
Fuente: ABC
