Los problemas comenzaron cuando arrendó una habitación a una pareja durante la pandemia que la expulsó de la vivienda y la ha realquilado
Paola Mancilla vive un calvario desde hace tres meses cuando puso en alquiler una habitación en su piso de la calle Jacinto Benavente, en el Tardón, al inicio de la cuarentena para poder pagar la hipoteca. La declaración del estado de alarma que cerró la hostelería la dejó sin trabajo y sin ingresos con un ERTE que tardó demasiado tiempo en cobrar. Las letras y los gastos se acumularon, obligándola a buscar alternativas. Sola y con una niña de dos años a su cargo, lo único que se le ocurrió fue arrendar una habitación durante un mes para ir pasando el trago.
Ante su puerta se presentó una pareja que parecía normal. Dadas las circunstancias, todo fue muy rápido y el trato se hizo de palabra, cuenta a ABC esta joven de 24 años. Pero pronto empezaron los problemas de convivencia. «Ellos fumaban mucho, incluso delante de mi hija y les pedí que, por favor, lo hicieran en su cuarto, pero no hicieron caso. Aguanté hasta que pasó el mes y les pedí que se marcharan, entonces empezaron a insultarme y me amenazaron delante de la niña», relata.
«Un día él me sujetó los brazos y ella empezó a darme patadas. Cogí a mi hija y me marché, dejando todas las cosas en el piso. Luego llamé a la Policía, que se presentó allí, los identificó, pero ni los detuvo ni los echó a la calle. Sólo me dijeron que no podían hacer más y que denunciara», se lamenta Paola, nacida de Bolivia, que reside en España desde los 14 años.
«Aquí estoy sola, sólo tengo el apoyo de algún familiar y mi hermano, que por motivos de trabajo, viaja constantemente. Mi madre, que es la dueña del piso, se marchó a mi país y ahora con el cierre de fronteras no puede venir. Me siento muy desamparada y creo que eso es lo que ha aprovechado esta gente», se sincera.
Ante el episodio violento, Paola decidió alquilar una habitación en otro lugar y les pidió nuevamente que se marcharan, tras advertirles de que había puesto una denuncia y que iniciaría un proceso judicial. Los ocupantes de su vivienda, que sólo le abonaron un mes según la versión de la joven, le aseguraron que una vez que pasara la cuarentena abandonarían el piso. Y cumplieron su palabra. A finales de junio la llamaron para confirmarle el día que se iban y que podría volver a su hogar.
La joven pensó que la pesadilla había terminado. «Llamé a un amigo para cambiar la cerradura, pero tuve que esperar a terminar mi turno en el restaurante, porque trabajo en la cocina y no podemos ausentarnos. Mi sorpresa fue que cuando llegamos encontré a otras personas en mi casa». Muy alterada, Paola les preguntó que quiénes eran y le dijeron que los nuevos inquilinos que habían empezado a vivir allí ese mismo día y que tenían alquilado el piso hasta diciembre. «No lo podía creer. Había salido de una y ya estaba en otra, además con personas que ni conocía y a uno de ellos le vi una pulsera de vigilancia en el pie», cuenta la joven, que acto seguido volvió a llamar a la Policía. Ante la puerta y con la escrituras del piso y el documento de empadronamiento en la mano, les justificó a los agentes que ella era la residente legal del inmueble. «Por suerte me las llevé a otro lugar cuando empecé a ver cosas raras con los anteriores y ahora puedo demostrar que soy la que tiene derecho a vivir ahí», señala.
En ese momento, los agentes le pidieron el contrario a la familia que ya estaba instalada y uno de sus miembros se excusó diciendo que no lo habían firmado todavía. Llegaron incluso a decir que eran víctimas de un fraude y que habían pagado el alquiler a unos estafadores. «Pensé que iban de buena fe y les pedí que fuésemos juntos a denunciar, pero que tenían que salir del piso porque era mío y yo estoy en la calle con mi hija», continúa.
Un nuevo engaño
Al día siguiente la plantaron ante la comisaría de la Alameda, donde Paola Mancilla volvió a denunciar en solitario y regresó a casa de unos amigos con los que se queda mientras encuentra una solución. «Les pregunté que por qué no habían venido y me dijeron que no pensaban denunciar, que habían pagado 1.400 euros por quedarse allí y que si quería recuperar la vivienda tenía que darles ese dinero», dice. Ahora el asunto está en un juzgado de instrucción, que tiene que le asignará a un abogado de oficio. Con una nómina de apenas 650 euros al mes y los gastos de la niña, además de pagar la hipoteca y los suministros, no le da para el coste de la justicia.
«Me han aconsejado que no corte la luz ni al agua, porque ellos, encima, pueden denunciarme a mí. Estoy completamente desesperada», se sincera. «Yo, que no ponía ni el aire acondicionado porque no quería gastar y ahora veo que lo tienen permanentemente conectado y esa factura la voy a tener que pagar sin poder entrar en mi propia casa», dice. Ahora pasa temporadas repartida en las viviendas de varios amigos, que también se encargan de la menor cuando está en el restaurante.
Paola cuenta que no conoce otra realidad que trabajar y salir adelante por su propio esfuerzo. Llegó a España con apenas 14 años, gracias al tesón de su madre, que la sacó del clima de violencia y peligrosidad que había en Bolivia. Poco después pudo venir su hermano y ambos fueron escolarizados y estudiaron en Sevilla, donde tramitaron la nacionalidad española. «Estuve en el instituto Bécquer y luego hice cursos de peluquería y estética y de auxiliar de Geriatría, pero he tenido que emplearme en la hostelería porque no había trabajo de lo mío», asegura.
La vivienda, que está a nombre de su madre, se compró con mucho trabajo y ella la ayuda a pagar la hipoteca y las facturas. «No es justo, nunca pude imaginar que podría verme en esta situación, porque en la zona del Tardón no hay okupas, pero me ha tenido que tocar a mí», dice. Ha recurrido a sus vecinos para hacer presión, pero le han admitido que «tienen mucho miedo por el tipo de personas que están en el piso». También ha acudido a partidos políticos para que la ayuden ante la lentitud de la justicia. «Temo que esto pueda durar más de un año y no sé qué hacer. Estoy en muy mala situación», dice y pide apoyo para recuperar su hogar y despertar al fin de esta pesadilla.
Fuente: ABC
Como pueden haber leyes que amparen y protejan a los okupas, que aparte de quitarte la casa, tener que pagar luz y agua…. esto es un chiste…!!!! Hay que hacer algo pero yaaaaaa
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