- Se han localizado ya a 950 personas, de las que 167 muestran indicios de haber sido represaliadas
- La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, promete más de 250.000 euros para esta investigación
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos; la delegada del Gobierno, Sandra García; y la delegada de Igualdad, Participación Ciudadana, Educación y Coordinación de distritos, Adela Castaño, han visitado este viernes los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, licitados por el Ayuntamiento de Sevilla y que está llevando a cabo la Fundación Aranzadi. Este proyecto cuenta con un presupuesto 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. Se desarrolla sobre una superficie de 672 metros cuadrados, ubicada en el cementerio de San Fernando , la cual había sido señalizada y localizada previamente.
La intervención, coordinada desde la Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra aproximadamente con un 18% de los trabajos ya realizados. Durante este periodo se han localizado restos de 950 personas de las que 167 tienen indicios claros de ser represaliados. De hecho, se han localizado ya enterramientos con indicios claros de violencia como roturas perimortem, ataduras en las muñecas y orificios de proyectiles. De acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de Memoria histórica y Democrática de Andalucía, estos hallazgos se han notificado a la Policía Nacional.
Los enterramientos sin control -con cuerpos arrojados sin ningún respeto y en posiciones inverosímiles en esta fosa- continuaron después del año 36, situación que no estaba contemplada en los estudios y trabajos previos. Según los estudios realizados este tiempo, se siguieron produciendo en los años 40, para lo que se usó esta misma fosa. Aún se está en proceso de evaluar cuántas personas de esa década fueron arrojadas en este recinto y su procedencia.
El proyecto más complejo del país
La realidad de Pico Reja convierte este proceso de intervención y exhumación en el proyecto más complejo de tales características que se ha desarrollado en todo el país, debido a la coincidencia en un mismo espacio de restos de personas represaliadas, de osarios e incluso de ataúdes de distintas épocas, lo que dificulta todo el trabajo de identificación de los restos humanos.
Todo el proyecto, bajo la coordinación de la Oficina de Memoria Histórica dependiente de la Delegación de Participación Ciudadana, se está realizando encontacto permanente con los familiares de las víctimas. De hecho, antes de proceder al inicio de los trabajos ya se habían tomado más de 270 pruebas de ADN de familiares con el objetivo de identificar a las personas que están enterradas en la fosa.
La licitación de este contrato la realizó el Ayuntamiento de Sevilla por 1,1 millones de euros. No obstante, posteriormente se suscribieron convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial que aportaron 265.000 euros cada una de ellas a este proyecto. En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este viernes la intención del Gobierno de sumarse con una aportación a este proyecto, por lo que las cuatro administraciones financiarían de manera conjunta los trabajos.
Una iniciativa en tres fases
El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como contribución a la historia de la represión franquista. Y la última fase será el destino final de los restos. Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados, se respetará el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados o sobre los que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro. Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de la fosa de Pico Reja.
Fuente: Diario de Sevilla
