El Gobierno pedirá oficialmente al Estado que autorice la movilidad la próxima semana y luego preparará un plan de contingencia
El Gobierno andaluz lleva toda la crisis del coronavirus defendiendo que su trabajo se ha basado en la previsión. Y, ahora, cuando está a punto de tomar el mando en la desescalada, ha protagonizado una ceremonia de la confusión con discrepancias públicas entre el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs) y el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP). El primero es partidario de abrir la movilidad entre las provincias que estén en fase 3, tanto si pasan todas como si no lo hacen, mientras que Bendodo ha dicho —y con él todo el PPandaluz— que no se puede permitir una Andalucía a dos velocidades por lo que no se permitirá la movilidad hasta que Málaga y Granada estén también en la fase 3.
Lo que está fuera de duda es que la aspiración del Ejecutivo regional es que todas las provincias pasen a la fase 3 el próximo lunes 8 de junio porque hay criterios sanitarios para ello y siempre y cuando no se produzca un rebrote no deseado. Sería el primer paso para que Málaga y Granada pudiesen ampliar su actividad económica y turística y se fuesen preparando para recibir visitantes. A partir de ese momento, y según afirmó ayer el presidente Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, el mando único pasará a los presidentes autonómicos por lo que Juanma Moreno tendrá en su mano y después de tres meses tomar todas las medidas que considere oportunas, tanto de apertura como de restricción si fuese necesario.
Se evita así una huida masiva a las playas el próximo fin de semana sin que estén listos los planes de contingencia
Lo que ya está decidido, al margen de las estrategias de presión para que toda la comunidad en bloque pase a la fase 3 y Málaga y Granada no se queden atrás —que a eso achacan el ruido político generado ayer en el Parlamento que vivió una particular «crisis de las playas» entre PPy Ciudadanos— es que los andaluces no podrán cambiar de provincia hasta después del puente del Corpus, ya que el jueves 11 de junio es festivo en Sevilla y Granada. O lo que es lo mismo, hasta el próximo 15 de junio. Se evita así una huida masiva a las playas el próximo fin de semana sin que estén listos los planes de contingencia.
Porque según los cálculos de la Junta, siempre y cuando no haya problemas, los vigilantes de las playas que se están contratando esta semana no se incorporarán efectivamente a sus puestos de trabajo hasta el próximo 15 de junio. Será ese lunes cuando comiencen a desplegarse por los 61 municipios costeros de la comunidad autónoma, cuyos alcaldes han presentado sendos planes de contingencia y están ya trabajando en la adecuación de las playas a las especiales circunstancias de este año.
Tradicionalmente en Andalucía la temporada oficial de playas dura entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. En esos tres meses, los ayuntamientos ponen en marcha una serie de servicios para garantizar la seguridad de los usuarios (megafonía, socorristas, duchas, aseos…) que este año se hacen imprescindibles por la pandemia.
El trabajo de estos vigilantes será fundamental para impedir que las playas se conviertan en una zona de riesgo de contagios masivos como ya está sucediendo en otros países, como Israel, que han tenido que dar pasos atrás por una subida de contagios por la aglomeración en sus playas.
El plan de trabajo que maneja el Gobierno andaluz es el siguiente. El lunes 8, cuando toda la comunidad o la mayoría de ella, pase a la fase 3 se encargará un informe técnico sobre las medidas de desescalada que incluirá los medios técnicos y humanos de los que dispone la Junta para cerrar una provincia si se produce un rebrote. Según desveló el consejero de Salud ayer en el Parlamento el grupo técnico de coronavirus y desescalado», decidirá «cómo, cuándo y en qué momento» habrá movilidad entre las provincias». Este grupo estudiará «los itinerarios, la trazabilidad y el seguimiento de aquellos que se desplacen dentro de las provincias andaluzas». Según Aguirre «los políticos asumiremos lo que nos digan los técnicos». Este informe se aprobará en el Consejo de Gobierno del martes y se enviará al Ministerio de Sanidad que tendrá que dar su visto bueno. Dos o tres días más para la autorización con lo que ya habrá pasado el «temido» puente del Corpus dando tiempo a que las playas andaluzas estén listas.
Toma de decisiones
Diferentes portavoces del Gobierno andaluz han dicho públicamente que estarán atentos todo el verano a la identificación de posibles rebrotes, y que se cerrarán las instalaciones, infraestructuras o establecimientos que sea necesario con el fin de evitar una nueva expansión de la pandemia.
Con la devolución de las competencias a las comunidades autónomas toda la responsabilidad recaerá a partir del lunes 8 de junio en el presidente andaluz Juanma Moreno y en el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Hasta ahora, habían gestionado los recursos sanitarios de la comunidad autónoma pero siguiendo siempre las instrucciones dictadas desde el Gobierno central, unas veces apoyándolas y otras muchas censurándolas aunque acatándolas «por lealtad institucional».
Moreno ha pedido en varias ocasiones participar en la toma de decisiones del Gobierno central en toda esta crisis, asegurando que el Gobierno andaluz «está preparado» para asumir ese reto. Desde el PSOE andaluz censuran al presidente que esté preparando la desescalada en Andalucía sin contar con los alcaldes y los presidentes de las diputaciones provinciales.
Vía: ABC
