El Ayuntamiento convocó ayer a primera hora de la mañana un gabinete de crisis para abordar la noticia que había desvelado ABC sobre la orden de reabrir los bares para permitir la venta «in situ», aunque para consumir en casa. El alcalde, Juan Espadas, desconocía esta medida, motivada por una descoordinación general que quedó en evidencia en cuanto este periódico hizo público el documento que demostraba que era el propio Ayuntamiento el que había instruido a la Policía Local para que permitiera esta actividad. El teléfono de información municipal se cayó a primera hora de la mañana porque los hosteleros no habían recibido previamente estas indicaciones y querían saber cómo adaptarse a la reapertura con todo detalles. La centralita de ABC recibió decenas de llamadas de dueños de bares para denunciar que el Ayuntamiento les estaba diciendo que la información publicada por este periódico no era correcta. Pero todo el argumentario se desmoronó cuando se hizo público el documento firmado por el jefe de Protección Ambiental del Ayuntamiento, Alfonso Pinto, en el que se especifican punto por punto todos los detalles que aparecían en la noticia. Este informe se firmó el pasado día 22 a las 20:24 horas y se incluyó en la orden interna de la Policía Local del 23 para que comenzara a aplicarse. ABC tuvo acceso a este documento oficial rubricado por el máximo responsable técnico para este tipo de decisiones.
A partir de ahí, el alcalde tuvo que solicitar a primera hora de ayer otro informe al secretario municipal para confirmar si lo que había ordenado Pinto era aplicable, ya que estaba recibiendo muchas presiones por parte de los hosteleros, aunque muchos ya habían comenzado a abrir sus bares porque conocían esta disposición desde días anteriores. Y la decisión final de Espadas fue paralizar de forma cautelar el informe de su jefe de Protección Ambiental, siguiendo las indicaciones del nuevo informe del secretario, y dejar la decisión final en manos del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que todos tienen dudas acerca de la normativa que es aplicable durante el estado de alarma.
El secretario, Luis Enrique Flores, entiende que «a los efectos del etado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno», que sostiene que sólo se permite la actividad en la hostelería para la venta a domicilio, lo que requiere un tipo de licencia específica. Sin embargo, la Junta de Andalucía emitió otro decreto que sí permite la venta «in situ», que es el que ha aplicado el funcionario de Medio Ambiente y estaba ejecutando la Policía desde ayer. Y ahí es donde está la discusión jurídica que ha llevado al Ayuntamiento a cometer este error de coordinación interna tan flagrante. El secretario cree que el decreto de la Junta «parte de una orden de 14 de marzo de 2020», cuando ya se había decretado el estado de alarma por el Gobierno, «por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía». Esta orden indica que «los establecimientos de hostelería permanecerán cerrados al público pudiendo prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio o para su recogida y consumo a domicilio». Sin embargo, según Flores, esta «fue una medida preventiva que adoptó la Junta en el ámbito de sus competencias antes de declararse el estado de alarma» porque se basa en los datos de la Organización Mundial de la Salud y se había escrito previamente, aunque se publicó el día 14. Por ello, para el secretario «la única posibilidad existente mientras no se modifiquen las medidas acordadas con motivo del estado de alarma es la entrega mediante reparto a domicilio», aunque, al igual que había hecho el funcionario de Medio Ambiente al decir justo lo contrario, deja la decisión final en manos del Gobierno. «En tanto la autoridad competente no establezca otro criterio debería, por prudencia, acogerse la interpretación literal de la norma y dejar sin efecto cualquier orden e instrucción dada a la Policía Local acerca de la posibilidad de desplazarse a establecimientos de hostelería para recoger comida, siendo la única opción la del reparto a domicilio».
«Fue una consulta»
Espadas decidió de manera inmediata acogerse a este consejo del secretario y ordenó inmediatamente retirar la norma para que los policías volviesen a prohibir la apertura de bares. Pero en todo este galimatías se ha abierto una pugna interna que, además, desvela la falta de coordinación del gobierno municipal para tomar decisiones actualmente. Desde la Alcaldía explicaron ayer a ABC que el problema se debe a que los agentes tenían dudas de cómo actuar porque estaban viendo cómo muchos bares habían comenzado a entregar la comida «in situ», por lo que hicieron la consulta al jefe de Protección Ambiental, que es el máximo responsable en este tema. Este funcionario elaboró el informe y el jefe de la Policía Local lo incluyó en la orden interna del Cuerpo para que supieran a qué atenerse. Pero no aprueban la actuación de Pinto porque creen que ha actuado sin elevar la consulta. Otras fuentes, en cambio, creen que en los últimos días el Ayuntamiento ha decidido adoptar medidas que ayuden a los sectores más perjudicados por el estado de alarma, como la hostelería, y se dio la orden a la Policía de que comenzaran a permitir la actividad con una serie de condiciones. La clave está en que el informe de Medio Ambiente asegura que podían llevar a cabo estas ventas todos los bares sin necesidad de tener una licencia de venta al por menor de alimentación y bebidas.
ABC tuvo acceso al informe, que no admite interpretaciones, y a partir de ahí se desencadenó todo este lío que ha obligado al alcalde a rectificar en menos de 48 horas y que ha generado una profunda incertidumbre en el sector.
Vía: ABC
